ilegalidades

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, se pronunció en contra de la -sorpresiva- decisión de Mauricio Macri de no apelar el fallo que autoriza el matrimonio entre Alex Freyre y José María Di Bello, horror, dos varones. Se pronunció, en definitiva, en contra del fallo mismo.

Su observación es que la sentencia es "absolutamente ilegal". Es decir: es ilegal en cuanto que declara inconstitucional un artículo del Código Civil –el que impide el matrimonio entre personas del mismo sexo–, atentando, por ende, contra la composición tradicional de la familia nuclear.

El cardenal Bergoglio considera que la familia heterosexual es garantía de salud social, sólo por el mero hecho de adecuarse a los parámetros que impone la moral cristiana. Es típico de la Iglesia exponer sus puntos de vista, tremendamente dogmáticos, sin hacer el mínimo correlato con la realidad sobre la que argumentan, como también suele ser típico de los jueces sucumbir ante las presiones de los altos mandos eclesiásticos, con los que a menudo tienen estrecha relación, y legislar en concordancia con estas presiones.

La constitucionalidad, la legitimidad otorgada a un código en orden de regular el funcionamiento de la sociedad, está fundamentada, en gran parte, en el criterio de los jueces al interpretarlo, y en su manera de impartir la justicia basándose en ello. La condición dinámica de las sociedades obliga permanentemente a los jueces a rever su interpretación del Código. Sólo así la justicia, que es concepto y letra, puede reacomodarse a la realidad social y satisfacer sus verdaderas necesidades, trasformándose en praxis.

La ley no puede, no debe, separarse tan escandalosamente de un estado concreto de cosas.

La Iglesia no comparte esto, porque su mayor provecho está dado en la desestabilización que genera el divorcio entre las leyes y la realidad social. Pasa con el aborto, pasa con las drogas, pasa con la educación sexual. Los mayores progresos sociales y civiles fueron siempre su mayor derrota. Su eterna batalla será la de impedir que la ley avance en conjunto con el devenir social, acompañándolo.

La jurisprudencia que sentó la Corte respecto del casamiento entre homosexuales apunta a que esto se transforme en norma. No puede ser ilegal la instauración de nuevas y diferentes libertades, de nuevos códigos sociales y civiles, más acordes a su tiempo y a las prácticas que efectivamente circunscriben, por el sólo hecho de desoír las otras leyes, las de la Iglesia, que cristalizan mandatos arcaicos que no reflejan ni responden a gran parte de una realidad concreta, y que no tienen competencia civil más allá se su incidencia en el plano moral.

Esta es, en el fondo, la ilegalidad que “denuncia” el cardenal: la legitimación de un fallo que atenta directamente contra el seno de sus creencias, y que apunta, precisamente, a desarticular esta otra normativa, la que arremete contra la libertad de las personas que no responden a la sacralidad de la vida católica justamente por haber nacido de ésta, buscando mantener viva una estructura funcional a sus intereses que no se condice, desde hace rato, con la realidad viva de una sociedad orgánica.

La ilegalidad está, para Bergoglio, en la ampliación plena de horizontes de vida, en el desacato a su moral hipócrita, obsoleta y arquetípica y en el total y maravilloso desacato a su Iglesia.